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La semilla fratricida


Apoyo a Garzón

Nostalgia de una guerra perdida

El ciudadano Garzón es un funcionario público. Es decir, una persona que, administrando el dinero de todos debe dedicar sus esfuerzos a la labor que le encomienda el Estado: aplicar la Ley. Lamentablemente, nuestra Constitución no nos permite a los ciudadanos opinar sobre hasta qué punto, los representantes del poder judicial hacen bien su trabajo. Ni usted, ni yo, ni ninguno de los que puedan leer estas notas (desde el acuerdo o desde la discrepancia) podemos emitir voto alguno que refrende o rechace el trabajo de un juez. Desde el punto de vista del sistema democrático, un juez es intocable. Sólo los partidos políticos tienen en sus manos los resortes que pueden perpetuarles o hacerles saltar de su sillón. Extremo bastante poco democrático, como lo son las listas electorales cerradas.

Los perjudicados somos nosotros, por una razón muy simple. Porque no podemos pedirle responsabilidades por su gestión a un político, a un senador o a un juez que, al menos en teoría, se presenta a las elecciones por nuestra circunscripción y recibe nuestro voto. En resumen, o nos quedamos con todo el lote, o tenemos que votar listas tan malas (o peores, no sabemos muy bien) de las que ignoramos por completo hasta qué punto defenderán nuestros intereses o los del partido. La última opción es la más probable (y la más cierta).

Pero son las reglas del juego, al menos por el momento.

Cuando un ciudadano se siente damnificado por la acción de otro (por ver sus derechos lesionados, amenazados, o por entender que otro ciudadano ha trasgredido la Ley), el camino establecido es la denuncia ante los tribunales. Un ciudadano también puede interponer una demanda por venganza o bien como acto para intentar amedrentar a otro para que modifique su conducta. No son pocos los casos.

Pero para eso están los jueces, las Leyes, y los juicios perdidos con condenas al pago de costas. Los jueces examinan la demanda formulada por el ciudadano, determinan si tiene alguna base y si existen pruebas y, si la demanda (no el demandante) tiene una cierta solidez, la admite a trámite. Esto no es, ni mucho menos, una condena. Será el tribunal el que condene, declare inocente o haga lo que proceda según la Ley y la jurisprudencia. Así es como funciona un sistema judicial democrático. En él, una vez se produce una sentencia, todos la acatan, aunque unos puedan criticarla y otros ensalzarla. O pueda recurrirse.

Durante el franquismo, el sistema no era igual. El demandante formulaba la denuncia y, generalmente, tanto la identidad y filiación del demandante como las del demandado tenían un extraordinario peso en la decisión del juez de admitir la denuncia a trámite. Es decir, que Marcelino Camacho denunciase a Manuel Fraga, tenía escasas probabilidades de llegar a juicio oral, aunque le hubiese sacado un reportaje fotográfico atracando a punta de pistola una joyería. Así funciona una dictadura. A la inversa, la admisión a trámite podía ser fulgurante.

Todos los que piden que la demanda contra el Sr. Garzón sea archivada por ser vos quien sois, y porque el denunciante (en uno de los casos) es la falange española, son exactamente lo mismo que lo que se quejan, pero al revés. Están pidiendo que nuestro Estado, en el Siglo XXI, se comporte como una dictadura, pero a favor de lo que entienden que son sus intereses. Falange Española es un partido legal, al que le asisten los mismos derechos que al resto de los ciudadanos. La diferencia teórica entre una democracia y una dictadura es, básicamente, que NO hacen las mismas cosas. Intentar que así sea, es promover actitudes totalitarias. Y quienes lo defienden, son totalitarios.

Item, más, el tribunal ha rechazado numerosas demandas de Manos Limpias y de Falange contra el Juez Garzón. Si lo que existe es sólo animadversión, oportunidades han tenido los jueces del tribunal de satisfacerla con anterioridad. No ha sido así.

A pesar de todo, el ciudadano Garzón es sólo un imputado. Quiero decir, que tampoco puedo entender por qué todo este espanto a que sea juzgado, si aún es inocente y se ha de demostrar su culpabilidad. Y el juez instructor, ha redactado un auto que, desde el punto de vista de la lógica y del Estado de Derecho, me parece inapelable. Pero es igual, eso no tiene ningún valor para los empecinados revanchistas.

El Estado de derecho ha funcionado según las reglas, a pesar de los tejemanejes de la fiscalía. Y al socaire de éste comentario, he de manifestar que lo que está sucediendo, no me extraña. Es el resultado del régimen partitocrático que impera en nuestro país. De la manipulación constante a la que los partidos intentan someter al poder judicial. Lo he comentado con anterioridad, desde el momento en que aceptamos los términos “juez conservador” y “juez progresista”, o las asociaciones “conservadoras” o “progresistas” de jueces como parte natural de nuestro acerbo político, estamos aceptando el yugo de los partidos políticos. Vivan las cadenas. No porque un juez no pueda ser conservador o progresista, sino porque en nuestro país, esos términos llevan indefectiblemente aparejada una dependencia de un partido.

Conservador o progresista, un Juez no puede eludir su obligación de hacer cumplir la Ley.

Esto, que subyace en nuestro colectivo como una idea asentada, es el gérmen de toda la algarada guerracivilista que se ha organizado. Por esto mismo, pueden hacer calar la idea de que el procesamiento del ciudadano Garzón es un acto político. Porque la tésis tiene la verosimilitud que le otorga el propio sistema. Sea o no verdadera la intención política.

La situación es especialmente grave en el ámbito de la Justicia. Porque se supone que es el poder judicial el que vela por nuestros derechos. Si no confiamos en la Justicia, el sistema se desmorona. Y esto es lo que han conseguido los partidos, gracias a la Constitución: que el sistema de convivencia se caiga a pedazos. Garzón también ha dado su empujoncito en éste sentido, no podemos olvidar su paso por la política. Por supuesto, esto no le hace culpable de nada, excepto de erosionar la credibilidad del Supremo, que ahora tiene que someterle a juicio.

Todo lo que he escrito, es la cortina de humo. Nada más. Proceso electoral tras proceso electoral, Franco ha sido la mejor y más sólida garantía de que la izquierda pudiese ganar las elecciones. Sin ir más lejos, el “no pasarán” que cerró la campaña en las generales del 2008. Un “no pasarán” que hoy día, es una de las tautologías más vacuas que puedan proferirse. Porque lo cierto es que pasaron. Pero les afianza en la poltrona con una reiteración pertinaz. Como la sequía que tan preocupado tenía al generalísimo.

El mito de las dos Españas es una obra de la izquierda, y es su modo de vida. Sin esas dos españas, la izquierda española no podría perdurar. Porque sin Franco ¿qué les queda?. Cinco millones de desempleados y unas arcas públicas que siempre dejan igual cada vez que gobiernan (sin excepción) desde 1932. Con telarañas. Entre obispos trabucaires y requetés, siempre logran mimetizar la miseria de su gestión y su falso modelo de sociedad. Ese que nos lleva, a velocidad de AVE, al infierno griego.

Rog

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