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Ep(C/2) La batalla está ganada


Leire Pajin, se levanta de la cama y practica un poco

Leire Pajín, se levanta de la cama y practica un poco

Los diáconos del nuevo rito laicista, se han lanzado a la blogosfera a celebrar la sentencia que no leyeron sobre EpC. Sentencia que, aunque sean capaces de leer (pedagogo mediante) tampoco entenderán con facilidad. Don José Blanco, antes de que siquiera el Supremo hubiese publicado la sentencia, ya la valoraba. Y Leire Pajín, hermana mayor de las clarisas adoratrices del líder, también imparte doctrina sobre el particular.

Los blogs de estos dos ciudadanos, así como sus comentarios, son necesarios en una democracia. Diría yo que imprescindibles. Como reza un dicho marinero, ningún marino incapaz es absolutamente inútil. Sirve como mal ejemplo.

La nota que distribuyó el Supremo tras su lenta y presuntamente dolorosa deliberación, decía a grandes rasgos dos cosas. La primera es que la objeción a la asignatura no procedía. La segunda (y aquí está la madre del cordero) que los contenidos de dicha asignatura no podían ser adoctrinantes en ningún sentido, ni contener expresiones políticas, ni opiniones partidistas. Y esto último es lo que había levantado en pie de guerra a los padres; los contenidos de algunos de los textos. Pero no sólo eso, sino la redacción de la propia ley sobre la asignatura.

El gobierno y a través de él, la imposición totalitaria de extrema izquierda sobre la moral en la educación que el PSOE y sus socios radicales querían imponer, ha perdido la batalla. Aunque a simple vista, pueda parecer lo contrario.

Para afirmar que no existe el derecho a la objeción de conciencia sobre una asignatura, el Supremo sigue una lógica que tiene solidez. La leyes de un gobierno no pueden ser leyes “a la carte“. Porque si fuese así, ya gobernase cualquiera de los partidos que pudiese hacerlo u otro, el gobierno sería imposible. Aunque en éste punto el supremo pincha en hueso. Si los padres finalmente llevan el caso a Strasburgo, ganarán. Porque el derecho a la objeción de conciencia está recogido en el acta de derechos humanos. Si no lo está explícitamente en nuestra Constitución, es sólo por ese motivo, no porque lo deniegue en ningún momento. La Constitución española no colisiona con los derechos humanos.

Aunque ganasen en este punto, considero que no deberían intentarlo. El segundo punto es mucho más sustancioso y propinará al lobby liberticida unvarapalo del que no se recuperará en mucho tiempo.

Nadie en España, que yo sepa, niega la conveniencia de una formación en nuestra Constitución. Nadie que no sean los terroristas. Pero el PSOE no ha puesto en marcha la ley para eso. Y su comportamiento al respecto lo demuestra. La asignatura de EpC es un proyecto de división y ataque al adversario político y a la Iglesia católica. Nada más. Al PSOE le importan un bledo los niños y su formación. En primer lugar porque con sus leyes han conseguido la mayor comunidad de iletrados del mundo occidental, informe PISA dixit. En segundo lugar porque, si tiene que utilizarlos para sus fines (aunque tengan el síndrome de Down), lo harán sin ningún reparo. La pobre Izaskun no lo sabrá jamás, y hasta en este detalle se muestra la crueldad en la utilización de la infancia. Todo por la revolución. El meloso Zapatero escudándose detrás de un Down para no tener que comparecer en el Parlamento. Caemos en barrena.

Si la EpC, tal y como dice el gobierno, es la enseñanza de “valores democráticos universales que todo demócrata y bla,bla,bla…” no se entiende como en un territorio como el de España, tengan que existir quince versiones diferentes de esos valores “democráticos, universales e inequívocos”. Esta es la primera incoherencia, la cesión a los nacionalistas de la potestad de adoctrinar. Para ello, primero ha de tenerla el Estado. Si no es así, nada hay que ceder.

Los valores comúnmente aceptados, es decir, la línea que separa el acerbo común en los valores de las consideraciones partidistas, es una línea que debe ser evidentemente consensuada. Porque tampoco se explica por qué, si son valores comunes, incuestionables y universales, un gran porcentaje de la población española está en contra de su difusión como materia de estudio. Como verdad universal. Si fuesen valores compartidos, esta actitud no se daría, pues los contenidos reflejarían fielmente el sentir de todos, y no de los partidarios de la izquierda, como sucede ahora.

Cada centro tiene la libertad de escoger sus fuentes didácticas. Pero éstas han de reflejar con fidelidad estos principios universales. No hay más que observar unos cuantos ejemplos para darnos cuenta de que la fidelidad a los principios universales y comúnmente aceptados es, simplemente, una premisa falsa.

Como el Supremo ha determinado que los contenidos no pueden ser sectarios, muy a pesar del Gobierno, sus diáconos Blanco y Pajín, y toda la prole progresista y totalitaria, se abre la veda de los contenidos. Porque si se da el caso de que éstos contienen el sesgo sectario (y se da), la objeción y los procedimientos judiciales tienen sus puertas abiertas.

De modo que tanto el Sr. Blanco como la Sra. Pajín, deberían esperar antes de descorchar la botella de cava, porque puede írseles por el otro lado. Y antes de lo que piensan.

Rog

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